Para tener argumentos que respalden una construcción del Estado misionero, hace falta analizar la realidad. Nadie toma decisiones sin recurrir a la experiencia. Es necesario ver lo que ocurrió en los 90´, las causas y efectos del desastre administrativo; y también el Estado Misionero actual con sus aspectos salientes de modernización, como promotor de políticas activas para el desarrollo económico social. De cara al futuro, la disyuntiva es clara: un Gobierno de cara a la gente, o una propuesta que intenta volver al Estado de los 90.

En la década de los años 90 se encararon transformaciones que hacen a las instituciones básicas del Estado, pero prácticamente fueron nulos o muy escasos los procesos de mejoramiento de la gestión pública, a saber:

a-) Gasto de la Política: se han producido idas y vueltas, pero la realidad actual planteada por un Poder Legislativo que no piensa en ahorros, representa estimativamente más de 10 millones de pesos anuales de incremento para el conjunto de los misioneros.

b-) Por el proceso de transferencia de servicios ejecutada a inicios de los 90 (privatizaciones), se cambiaron los roles del estado Provincial. Esto se dio en el marco de la Ley de Coparticipación Federal, cuyo objetivo era redistribuir el ingreso en función de las necesidades regionales por medio de indicadores, respetando las contribución de nuestra provincia. Esta ley, fruto de una mala negociación política, generó una serie de inequidades que ha obligado a los sucesivos a realizar modificaciones del régimen de coparticipación, afectando impuestos, modificando tipos de distribución, etc. Se transformando así la relación fiscal Nación-Provincias en algo ininteligible. Prueba de ello ha sido la transferencia de las prestaciones de servicios sociales, básicamente educación, salud y asistencia social, sin establecer el financiamiento de las mismas en el tiempo para atender pautas como del crecimiento de la población.

Estos criterios se reflejan en el siguiente cuadro de distribución de los Ingresos entre Nación y Provincias:

La distribución de los Ingresos Nacionales antes del año 2002 (enero-febrero), era un importe fijo para las jurisdicciones provinciales, lo cual era y es inequitativo toda vez que las riquezas se generan en las provincias. Estas en su conjunto no superan en el total general (sin incluir seguridad social) el 23,50%, mientras que el Gobierno Federal se lleva el 59%, lo cual torna imperativo un nuevo régimen federal de reparto.

A la luz de esta realidad, el gobierno “post 90” de Misiones (con Carlos Rovira al frente) discutió fuertemente la oferta vigente, tratando de establecer como estrategia viable la quita, espera o refinanciación a tasa y plazos mayores para honrar una “deuda heredada” causada precisamente por el desmadre administrativo de asumir políticas sin saber de dónde saldrían los recursos (casualmente igual que la Legislatura actual) y endeudándose para tapar agujeros una vez que la falta de previsión estallaba en la cara de los “estadistas” a la bartola. El esfuerzo realizado en estos cinco años de ahorro, de cobrarle impuestos a los que pueden pagarlos y de no endeudarse en un solo peso, ha transformado en previsible el presupuesto, tal lo expuesto ante un Poder Legislativo que no ofrece alternativas creíbles para oponerse, y razón por la cual este tema está pendiente de resolución en el Poder Judicial, el cual tiene ante este hecho una oportunidad muy clara de demostrar a la ciudadanía que están de acuerdo con el orden y la transparencia, y en contra de las cuentas oscuras que siempre terminan afectando el erario público (en buen criollo, “el bolsillo de la gente”).

Esta situación de “oscurantismo noventista” no se observa en la relación Provincia–Municipios, toda vez que las bondades del momento económico son traducidas inmediatamente en coparticipación hacia los mismos, Durante los años 2003-2004 aumentó en más de un 70%, principalmente gracias a los Ingresos Brutos, dando así mayor previsibilidad a la gestión de gobiernos locales, pese a todos los obstáculos puesto desde un Poder Legislativo encarnizadamente opositor.

Si a esto se agrega lo ocurrido en Misiones en cuanto a deuda pública (que a diciembre del 2003 era de U$S 1.200 millones digan lo que digan los que la generaron), debemos resaltar la decisión de que durante todos estos años no ha habido nuevos endeudamiento público.

Por otra parte, la irresponsable exención impositiva aplicada en Misiones, representó una transferencia de recursos provinciales hacia el sector productivo entre los años 91-99 de U$S 750 millones, mientras que los Impuestos IETE y ISE 95-03 (impuestos al salario público) representaron otros U$S 180 millones, lo que me demuestra el despropósito de los gobernantes anteriores en su gestión, al condicionar el desarrollo futuro de varias generaciones de misioneros. Ese dinero no recaudado dejó de volcarse en asistencia, educación y seguridad, mientras se tomaba deuda para esconder la incapacidad política con “obras paga-Dios” (es decir el pueblo, sus hijos y sus nietos)

Es aquí donde se debe buscar las responsabilidades políticas de las erráticas decisiones tomadas. La tan mentada justificación del “neoliberalismo” y el “mercado”, proponiendo que el Estado elefantiásico de los años 80 había pasado de moda como algo que quedó en la historia, planteando en definitiva un Estado ausente. El mercado es una herramienta importante, pero sin mecanismos de acción por parte del Estado que permitan intervenir para atenuar los desequilibrios sociales, regionales y económicos, el mercado puede ser muy peligroso. A la vista están las inversiones públicas que para el período 91-99, tan solo llegaron al 15% del total de los recursos disponibles; y un abultado “gasto” mayor a los 167% para igual período que ahora podemos ver que no se justifica en obras más allá de las apariencias y el maquillaje.

Cabe entonces requerir en forma urgente, “motivos”, “meritos”, “oportunidad”, y “destinos” de dicha barbarie. Se debe exigir un debate de responsabilidades, ya que el conjunto de misioneros estamos amenazados aún hoy de quedar privados de los elementales servicios que debe cumplir el Estado, en virtud que los “intereses y capital” a pagar por servicios de una deuda contraída en forma espuria. Este endeudamiento actúa como un pac-man del gasto publico porque se va comer sistemáticamente una porción cada vez mayor de éste. Ante un total de gasto prácticamente constante, cada vez quedarían menos recursos para atender los servicios de la sociedad.

La única solución para salir de este círculo vicioso era romper el esquema de gasto sin respaldo. Es por ello que planteamos seguir actuando como lo hizo el gobernador Carlos Rovira durante el período 1999-2003, buscando el equilibrio fiscal como condición necesaria para hacer solvente al Estado

Para lograrlo se aplicaron distintas políticas:

Se alcanzó el superávit primario desde el año 02 y 03, con una fuerte reducción de los “gastos improductivos” superior al 20%, lo que implico contar con cuentas saneadas, sin haber emitido cuasi-moneda o endeudamiento público, sólo con una solvencia fiscal que no sólo significa bajar el gasto público, sino también hacer más equitativo y progresivo el financiamiento tributario y tornar previsible el manejo de las cuentas públicas, ya que el Estado administra recursos ajenos para devolverlos en bienes y servicios. Esa por esto que la transparencia debe ser innata en el Estado.

No solamente se lograron cuentas públicas transparentes, sino que además la gestión integral del estado está disponible para el ciudadano. El desarrollo de la informática, el desarrollo de Internet y el gobierno electrónico ayudan a obtener este propósito. Pero ser transparente no es solamente brindar información, la transparencia también significa que los ciudadanos puedan operar con el estado en forma directa y con conocimiento de otros ciudadanos. Es por ello, que se debe extremar todos los recaudos para comprometer los escasos recursos disponibles, y no generar obligaciones sin su fuente de ingresos.

Se ha logrado que la administración tributaria local deba y pueda ayudar en el nuevo modelo económico que resurge tanto a nivel nacional como provincial, sin dejar de analizar que existen y existirán fuertes embates del poder concentrador de la riqueza que desea volver a sus privilegios, buscando justificar con la vieja retórica y utilizando organizaciones empresariales, medios de comunicación e instituciones políticas (como el Poder Legislativo opositor) y con los mismos justificativos de la tan mentada “competitividad”, “costo fiscal misionero” y otros etcéteras de los 90.

La única realidad son los hechos. La oposición invoca una presión fiscal excesiva en Misiones. Es oportuno dejar en claro que no efectúan una adecuada medición y actúan con desinformación real. Si observamos el PBG de Misiones del año 2003 (neto con el Sector Primario y Turismo, que están exentos) vemos que fue de $ 7.463 millones,(no se incluye en este valor las exportaciones de Misiones), siendo los Ingresos Brutos para igual año de $ 117 millones, lo que representa el 1,57%. La supuesta “presión fiscal de Ingresos Brutos” no es tal, sin dejar de mencionar que el sector Industrial posee una capacidad contributiva mayor con márgenes de rentabilidad muy superior a la media de los servicios y comercios. O sea que aportan un coeficiente que si se compara con los gravámenes a nivel nacional resulta insignificante, y falta a la verdad quien presentan ecuaciones de costos donde se vuelca en su totalidad. Además, conforme a su cumplimiento fiscal, estas empresas tienen un 10% de bonificación que representan ingresos adicionales en su ecuación de rentabilidad.

Tomando en cuenta que nuestra provincia es por excelencia productora y no consumidora, la naturaleza de su obligación para solventar las obligaciones del Estado misionero surgen de esa realidad. Otra interpretación implica volver al pasado. Esto sin mencionar otros aspectos de la variable de Inversión, como ser “valor de la tierra”, “beneficios fiscales nacionales”, “precio de venta”, “retorno de la inversión”, “ciclo productivo” e infraestructura disponible de los misioneros en energía , en red vial, -prestaciones sociales, materia prima, todo lo cual hace que la ecuación a tener en cuenta en la toma de decisión, sea la realidad de Misiones y no otra cosa. Por eso somos hoy una provincia creíble y confiable que atrae inversiones (quinto lugar a nivel nacional, Clarín, viernes 13 de julio).

Ya hemos tenido suficiente los misioneros de las bondades de los 90, así nos fue con la deuda publica, indice de desocupación, necesidades básicas insatisfechas, etc.

El 28 de septiembre del 2003, el pueblo de Misiones le ha otorgado al Gobernador Rovira el mandato de seguir el rumbo actual y no otro. Es por ello que debemos redoblar el trabajo. No resulta una tarea fácil, pero estamos preparados y lo demostramos con capacidad de gestión ante la adversidad y ante la oposición irracional.

Para salir de la crisis fue y es necesario un Estado con políticas activas. Un Estado que contribuya a bajar el costo de la economía y que sea el promotor del desarrollo económico y social. Por eso estamos planteando políticas monetarias, cambiarias, de prestación de servicios y de precios que impliquen un Estado promotor, socio del desarrollo, solidario y eficaz. Un Estado promotor del fenómeno económico-social, prestando servicios sin dejar de ser solvente y con sus cuentas saneadas.

Falta recorrer un largo camino, que no será fácil. Pero con la ayuda de todos los misioneros lo lograremos, ya que nuestro señor Dios nos guiará.

Tengamos memoria. El desafío es nuestro, misioneros.